• El anteproyecto andaluz controlará los movimientos en las cuentas de los fallecidos desde un año antes de su muerte
  • Los profesionales inciden en la discriminación de Andalucía, la comunidad que más grava las sucesiones

«Es inmiscuirse en la vida privada de alguien que se ha muerto, una barbaridad. A este paso la gente va a asustarse cuando fallezca algún familiar por los malos momentos que se avecinan». Son palabras del fiscal malagueño y responsable de formación de la Asociación de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía, Eduardo Cortés, que considera «vergonzoso» y «una aberración» el aumento del control sobre las herencias que establece el anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal de la Junta de Andalucía presentado este martes. Entre otras novedades, se pedirá a los bancos que acrediten los movimientos habidos en las cuentas del fallecido durante el último año y los titulares de las mismas para detectar artimañas como el reintegro de determinadas cantidades a los herederos antes de la muerte para reducir el pago de impuestos a la hora de recibir el legado.

Hasta ahora, según los expertos, lo normal es presentar el saldo a día de la muerte y en ciertos casos el que existía doce meses antes, pero no el extracto de los movimientos realizados.

A juicio de asesores fiscales y notarios, esta normativa tiene un mero «afán recaudatorio» que recaerá principalmente sobre las familias de clase media, como apunta el delegado en Málaga del Colegio Notarial, Joaquín Mateo Estévez, que considera que los tipos impositivos aplicados por la administración autonómica «son confiscatorios».

Este profesional se refiere especialmente al impuesto de sucesiones, que en Andalucía se aplica a los bienes que tengan un valor superior a 175.000 euros y que es de los más caros de España al no existir las bonificaciones que en la mayoría casi eliminan la cuantía a pagar. Así, un cónyuge que hereda 500.000 euros en la comunidad andaluza tendría que abonar 84.687 euros, mientras que por la misma cantidad en Valencia esta cifra bajaría hasta los 830 euros. En el País Vasco no pagaría nada gracias a las ventajas fiscales que allí se aplican.

«Injustificado»

Estas diferencias suponen una «discriminación» para la región andaluza a juicio de asesores y notarios, que reclaman la eliminación del impuesto de sucesiones, que consideran «injustificado y absurdo». «En esta materia los andaluces no tenemos los mismos beneficios que madrileños, vascos o navarros, y en ese sentido somos ciudadanos de segunda», apunta Mateo Estévez, que dice que este tributo «no se sostiene por su peso». «Estás toda la vida tributando por lo que es tuyo y cuando te mueres la Junta aplica unos tipos que son confiscatorio», señala. «Que todos tributen es mejor para el país, pero que no haya discriminación», reclama el asesor fiscal José María Muñoz, que considera «injusto» que haya comunidades en las que no se pague por este concepto y Andalucía tenga uno de los impuestos más caros.

En la misma línea, Cortés critica que se tenga que rendir cuentas con el fisco por unos bienes por los que el fallecido ya tributó en su día y que no solo no se suprima este impuesto, sino que se pretenda aumentar el control sobre las herencias examinando el movimiento de los saldos bancarios hasta un año antes de la muerte, así como las donaciones. «Para la administración parece que todos somos ladrones. Es algo inapropiado y fuera de la legalidad probatoria. Yo de mi cuenta hago lo que quiera», señala este asesor fiscal.

Según estos especialistas, las modificaciones para luchar contra el fraude en los impuestos transferidos (sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), prácticamente matizan aspectos que ya se estaban aplicando al tener la administración potestad para ello. Lo que se pretende, a su entender, es generalizarlos «y que el contribuyente tome nota». De esta forma, la normativa pretende controlar si en el periodo de doce meses anteriores a la muerte se han producido movimientos sospechosos en las cuentas bancarias del fallecido, como transferencias periódicas a familiares, donaciones o transmisiones patrimoniales con el objetivo de reducir los bienes a heredar para tributar menos tras el fallecimiento.

A juicio del notario Joaquín Mateo Estévez, no es criticable que la administración cumpla con su deber de comprobar que los contribuyentes actúan de forma correcta, aunque destaca su «afán recaudatorio» y justifica el malestar de la sociedad: «Si la gente viera que lo que recauda la Junta redunda en beneficio de los ciudadanos sería menos crítica, pero cuando ve que se despilfarra se indigna».

http://www.diariosur.es/v/20130926/malaga/asesores-fiscales-notarios-denuncian-20130926.html